domingo, 24 de julio de 2011
viernes, 27 de mayo de 2011
sábado, 16 de abril de 2011
RECITAL JUVENIL SOLIDARIO "ESTOY CON CRISTINA"
ESTOY CON CRISTINA
RECITAL JUVENIL SOLIDARIO
PLAZA ROCHA - MAR DEL PLATA
SABADO 23 DE ABRIL 15 HS
Los y las Jóvenes de Mar del Plata Estamos con Cristina porque es la primera vez que como generación nos sentimos identificados con un proyecto político. Néstor y Cristina nos devolvieron la política: Por la política de Derechos Humanos, por la apertura de las nuevas paritarias de la mano del movimiento obrero organizado, por la Asignación Universal por Hijo, por Ley de Medios, por el Futbol para todos, por la nacionalización de las jubilaciones y por los más de dos millones nuevos de jubilados, por la 125, por la ley de Matrimonio igualitario, porque lo vimos a Néstor enterrar el ALCA junto a Chávez y lo vimos bajar los cuadros de la ESMA, y tantas cosas más.
Los y las Jóvenes de Mar del Plata Estamos con Cristina porque nuestro pueblo hoy es más feliz. Porque estamos construyendo de verdad una Argentina más Justa, más Libre, más Soberana.
Los y las Jóvenes de Mar del Plata Estamos con Cristina y salimos a la calle a organizar este recital solidario, a sumar esfuerzos, militancia organizada y mucha fuerza juvenil porque estamos convencidos de que la conducción de Cristina en este periodo y en el que vendrá, más nuestra participación y la de todo el pueblo organizado son la única garantía para luchar contra los enemigos de afuera y de adentro del Proyecto Nacional y profundizarlo.
Los y las Jóvenes de Mar del Plata Estamos con Cristina. Nunca Menos. Vamos por Más.
La Campora Mar del Plata
Juventud Sindical
JP-Descamisados Corriente Peronista
Kolina
Agrupación El General
Encuentro y Participación
El galpón de los chicos- (Barrio Herradura)
JP Olazabal
Copa de Leche Tupac Amaru
6,7,8 Facebook Mar del Plata
NO OLVIDEN DE LLEVAR UN ALIMENTO NO PERECEDERO PARA COMEDORES BARRIALES
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martes, 1 de marzo de 2011
martes, 22 de febrero de 2011
viernes, 11 de febrero de 2011
sábado, 29 de enero de 2011
Hacernos cargo desde que nacen
Foro por los Derechos de la Niñez
“Un menor de 13 o 15 años no tiene que tener armas, ni estar en la calle. A los chicos hay que educarlos”, esto pidió con un gran dolor la madre de Fabián Esquibel quien fue asesinado en Tolosa el martes 18 de enero de 2011.
Por este asesinato está acusado un adolescente de 15 años, quien saltó a la fama como chivo expiatorio de candidatos en campaña, funcionarios mediáticos y diversos comentadores para volver a instalar demagógicamente en la agenda pública y política, la ficticia necesidad de bajar la edad de imputabilidad.
No hay evidencia ni experiencias válidas que indiquen que encarcelar a jóvenes y niños mayores de 14 años ayude en la disminución de los delitos. Sólo se plantean de modo irresponsable respuestas espasmódicas asociadas a lo represivo, cuando la situación exige ser abordada en el marco de una discusión honesta y valiente respecto del verdadero cultivo del delito.
Las últimas reformas penales inventadas al calor mediático en situaciones extremas, solo han generado un sistema penal incoherente, absurdo y vacilante.
Nada se dice que acerca de la desfinanciación y falta de voluntad política del gobierno provincial para aplicar plenamente los mecanismos que prevé la ley de Promoción y Protección de Derechos de los Niños, Jóvenes y Adolescentes, ni que la Intendencia Platense de Pablo Bruera se desentiende de implementar efectivamente la normativa de absoluta ejecución municipal.
Este paradigma tiene instrumentos para abordar la situación de jóvenes en conflicto con la ley penal: el sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, pero el gobierno provincial ha decidido desviar los fondos necesarios para su instrumentación y en reiteradas oportunidades insiste en excusarse respecto de la falta de prevención o casi nulo abordaje de los verdaderos nichos de corrupción. Estamos ante la expresión más ofensiva y humillante de jóvenes con derechos vulnerados, porque nadie desconoce que su condición de tal sumado a la fragilidad de un sistema socio familiar y comunitario con fronteras achicadas por la exclusión económica los coloca a cada momento en desventajas, y el mayor perjuicio es quedar como último eslabón de la cadena de responsabilidades cuando se cometen delitos. Nadie habla de los adultos que reclutan niños y jóvenes para delinquir, ni de la complicidad policial para que las zonas calientes recalcitren las historias de vida en la miseria de los jóvenes tempranamente abandonados al estigma y daño de la pobreza.
Un caso testigo
La Plata adhirió a la ley con la asunción del intendente Bruera hace ya tres años. Los Servicios Locales todavía funcionan a media máquina, no cuentan con los profesionales que deberían, ni con espacios físicos, ni elementos básicos de trabajo, sin embargo desde el momento en que se adhirió el municipio al sistema recibe fondos estipulados por ley para este destino.
Los Servicios Locales son una institución fundamental creada por la nueva ley; son los encargados de intervenir cuando hay niños o jóvenes con derechos vulnerados. Son los co-responsables de tomar medidas para la inclusión de este sector muy golpeado en los últimos 30 años de vida democrática.
Oportunismo
“Proponemos una acción urgente para que el Estado se haga cargo de los menores que delinquen, desde el primer minuto”, esta frase del diputado De Narváez en campaña, y en sintonia con lo expresado por Daniel Scioli, debe ser modificada.
El Estado y nosotros como sociedad debemos hacernos cargos de los niños y los jóvenes, pero no desde que delinquen, sino desde que nacen. Respetar sus derechos, asegurando que puedan desarrollar todas sus potencialidades y no arrojándolos a la pobreza y la marginalidad. Es nuestro desafío construir un país más justo y no uno más represivo. Un país que abrace la igualdad como destino sociopolítico.
La Plata, 25 enero de 2011.
Contacto: Maghy Panno-Foro Provincial:221-155407443
Javier Frias-Foro La Plata: 221-156008838
INFANCIA Y ADOLESCENCIA: CONDENADAS A PERPETUA
Leemo esta interesante nota sobre INFANCIA Y ADOLESCENCIA: CONDENADAS A PERPETUA del blog del CEPOC - Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos.
10 Motivos para No bajar la edad de Punibilidad a los 14 años en Argentina.-
Los adolescentes que hoy tienen 14 y 15 años nacieron entre 1994 y 1995, cuando millones de votantes reeligieron a Menem, y sus políticas, con la consecuencia de desintegración social, marginación de millones de personas, destrucción de la escuela pública, pauperización y desempleo de los padres de estos adolescentes.
PORQUE SERÍA REGRESIVO: En el Derecho Internacional de los Derechos Humanos rige el principio de no regresividad y de progresividad: está prohibido regresar a instancias anteriores de la cobertura de un derecho, y solo se puede avanzar en dicha cobertura. El Código Penal sancionado en 1921 establecía la edad de punibilidad en 14 años.
Durante el gobierno peronista, en 1954, se estableció en 16 años, en el marco de una política dirigida a la protección de la infancia (Ley 14.394). La Dictadura, en una de sus primeras medidas (Decreto Ley 21.338), derogó parcialmente esa norma, y fijó la edad de punibilidad en 14 años, decisión que mantuvo en el Régimen Penal de la Minoridad, creado en 1980 (Decreto Ley 22.278). En mayo de 1983, meses antes de la recuperación de la democracia, la edad de punibilidad volvió a establecerse en los 16 años. Regresar a la edad establecida por la Dictadura no parece una medida dirigida a la mejor protección de nuestros niños y adolescentes.
PORQUE EL ÚNICO OBJETIVO ES EL CASTIGO: El mandato constitucional establece que el sentido de la privación de la libertad no debe ser el castigo, sino la adecuada preparación para la vida en libertad. Sin embargo, la discusión de estos proyectos, luego de un hecho grave que involucró a un adolescente de 14 años, revela que el único objetivo es establecer políticas de castigo sobre esta población, violentando ese mandato, y confundiendo a las personas que creen que esta reforma le será aplicada a ese joven, lo que es falso.
PORQUE NO ES CIERTO QUE SEA EL ÚNICO MODO DE BRINDAR GARANTÍAS A LOS ADOLESCENTES DE 14 Y 15 AÑOS: Decir que el único modo en que una persona acceda a las garantías constitucionales es introducirlo en el sistema penal es por lo menos una falacia. Las garantías las tenemos todas las personas de todas las edades, el problema es que muchas veces no se cumplen ni se respetan. Es responsabilidad de los jueces aplicar las leyes, y velar porque todas las garantías de todas y todos los ciudadanos, se cumplan conforme la ley.
PORQUE NO SE TRATA DE SANCIONAR MÁS LEYES, SINO DE CUMPLIR LAS QUE YA EXISTEN: La Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Ley 26.061) tienen plena vigencia, así como todos los tratados internacionales de derechos humanos que establecen todos los derechos a los que son acreedores cada niño y cada niña que vive en nuestro país. Sin embargo, la mitad de ellos carece de condiciones básicas de existencia: no tienen cloacas ni agua potable, ni vivienda, ni educación y salud de calidad, ni viven en un ambiente sano, ni tienen acceso a oportunidades, actividades recreativas, vacaciones, futuro. Hay leyes que dicen que tienen derecho a todo esto, pero no hay jueces que las apliquen ni funcionarios que las ejecuten.
PORQUE LA CANTIDAD DE ADOLESCENTES DE 14 Y 15 AÑOS QUE COMETEN DELITOS GRAVES ES ÍNFIMA: Diputados y diputadas, senadores y senadores deberían pensar si es justo sancionar una ley que, más allá de sus intenciones, será aplicada para el castigo, y que significará un retroceso en cuanto a las políticas dirigidas a la infancia, para atender, de modo punitivo, los hechos que cometen un puñado de adolescentes. Según una investigación de Unicef, la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, y la Universidad Nacional de 3 de Febrero (http://www.unicef.org/ argentina/spanish/Adolescentes_en_el_ sistema_penal. pdf) sobre un total de 1800 adolescentes menores de 18 años privados de libertad por causas penales en el país, un 17 % son no punibles, es decir menores de 16 años: 300 adolescentes. Ahora bien, cuando se analizan los delitos que se les imputan a aquellos 1800 adolescentes privados de libertad, los datos indican que un 15 % está imputado de homicidio (incluyendo la tentativa de homicidio, es decir, los casos en que no se produjo el resultado muerte): 270 casos. Si aplicáramos la proporción entre punibles y no punibles, tendríamos que, de esos 270 casos, solo 46 (el 17 % de 270) corresponderí an a adolescentes de entre 14 y 15 años.
Pero esa cifra es más baja aún si tomamos la cifra del total de homicidios dolosos que se cometen al año en nuestro país: unos 2000. De esa cantidad, en unos 200 participan menores de 18 años. Y de esos doscientos, según declaraciones del director regional de Unicef para América Latina y el Caribe, Nils Kastberg, en solo 15 casos participan menores de 16 años http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/ 3-123922-2009-04-26.html
Este análisis no supone quitar importancia a una sola muerte violenta producida por la intervención de un adolescente, pero entendemos que una decisión de política criminal de la gravedad de la que se intenta, debe analizar a qué población está destinada, con qué objetivos, y a qué costos, antes de tomarse.
PORQUE SI EL ESTADO NO ES CAPAZ DE CONTROLAR LAS INSTITUCIONES DE ENCIERRO QUE HOY TIENE, MUCHO MENOS PODRÁ CONTROLAR LAS QUE PIENSA CREAR: Todos los días hay noticias acerca de muertes en lugares de encierro (76 por causas violentas y/o dudosas durante 2008, según los registros del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos) El viernes 24 de abril, la justicia ordenó cerrar un hogar de niños, niñas y adolescentes regenteado por la Fundación de Julio Grassi, luego de que un niño de ocho años intentara ahorcarse, hastiado de los abusos cometidos contra su persona, y de que se recopilaran otras tantas denuncias. La Argentina ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en noviembre de 2004, pero no implementa los mecanismos de visita a los lugares de detención para prevenir los abusos, los malos tratos y la tortura. Esa es otra norma vigente que no se cumple, casi cinco años después de ser sancionada.
PORQUE EL SISTEMA PENAL ES DISCRIMINATORIO, SELECTIVO, ESTIGMATIZANTE: Es decir: no persigue a todos por igual, sino a los más pobres, los más vulnerables, los que menos “esfuerzo” tienen que hacer para caer en sus redes. Y cuando los captura, los separa del resto de la sociedad, los marca. Nadie que pase por una institución del sistema penal sale sin huellas, a veces en el cuerpo, casi siempre en su psiquis. Y las huellas son más profundas y dolorosas cuando se provocan en niños y adolescentes.
PORQUE LOS PIBES SON EL ESLABÓN MÁS DÉBIL DE LOS GRUPOS DELICTIVOS Y LAS EMPRESAS CRIMINALES: Casi siempre que un adolescente está inmerso en una situación violenta, es porque alguien con más edad y con más poder, lo ha utilizado. Un niño de 14 años difícilmente robe un auto para cometer otros delitos. Lo más seguro y lo que indican todas las investigaciones es que recibe un arma y una paga miserable por conseguir ese auto que luego irá a un desarmadero, para que muchos de los que reclaman la baja en la edad de la punibilidad compren más baratos los respuestos para sus autos.
PORQUE LAS PENAS PREVISTAS NO SON INTOCABLES: Se utiliza como un argumento a favor de la baja de edad de punibilidad, que se fijarán penas bajas (lo que no es cierto, al menos en el proyecto presentado por el Dr. Raúl Zaffaroni y la Dra. Lucila Larrandart, en el que se permiten penas de hasta siete años para la franja de 14 y 15 años, y de quince años para la franja de 16 y 17, lo que transformaría al régimen argentino en el más gravoso y represivo de Latinoamérica) .
Pero hasta estas penas draconianas pueden elevarse: basta que suceda algún hecho trágico, o lo suficientemente difundido por los medios, para que se dupliquen, o tripliquen, frente a un próximo clamor popular. Del mismo modo que sucedió con la presión del ex ingeniero Blumberg, en 2004, en que los máximos de pena aplicable a ciertos delitos subieron a los cincuenta años, obviamente sin ningún efecto en cuanto a la disminución de esos delitos.
PORQUE VAN A METER PRESOS A LAS PRINCIPALES VÍCTIMAS DEL NEOLIBERALISMO QUE ESTA SOCIEDAD VOTÓ Y ACEPTÓ DURANTE UNA DÉCADA: Los adolescentes que hoy tienen 14 y 15 años nacieron entre 1994 y 1995, cuando millones de votantes reeligieron a Menem, y sus políticas, con la consecuencia de desintegración social, marginación de millones de personas, destrucción de la escuela pública, pauperización y desempleo de los padres de estos adolescentes.
Fuente: Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos
NINGUN PIBE NACE CHORRO !!
NO A LA BAJA EN LA EDAD DE IMPUTABILIDAD !!
Claudia Cesaroni / Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos / Rimaweb
martes, 25 de enero de 2011
Democracia, multitud e igualdad
Nombrar la democracia es poner al descubierto la trama de un litigio que la persigue desde los orígenes. Desde Platón sabemos que el ideal republicano nació en conflicto precisamente con la demanda de los muchos que asumió la forma, siempre acechante, expansiva e ilimitada, de la asamblea de los ciudadanos en el Ágora (la plaza pública de aquellos días antiguos). Un conflicto entre el orden que fija las fronteras irrebasables y la emergencia de una figura inasible e insoportable cuyo núcleo resulta de sumar a los que, hasta ese momento, no tenían parte en la suma de la Pólis.
Esa grieta de origen ha marcado las relaciones siempre arduas y complejas entre la tradición republicana y la tradición democrática. Desde cierta perspectiva se podría decir que la realización de la “República” se corresponde con el fin de lo político, allí donde este último viene a expresar el núcleo de lo que carece de confines, de aquello que no puede ser “puesto en caja”, es decir, ordenado de acuerdo a un régimen que se apoya, en lo esencial, en la fuerza de policía; de un orden, Platón dixit nuevamente, que pone un freno a la incorporación de los incontables en igualdad de condiciones y reclama la imperiosa necesidad de organizar la vida de la ciudad en torno a una élite de guardianes. El filósofo francés Jacques Rancière concluirá que, de lo que se trata, es de “poner fin […] a lo político tal como se manifiesta, a su estado espontáneo, democrático; poner fin a esa autorregulación anárquica de lo múltiple por decisión mayoritaria”. Esa es la dimensión “monstruosa” de la democracia que siempre ha inquietado a los cultores del orden. Ahí radica el deseo, inconfesado, de “ponerle fin a la política” entendiéndola en su verdadera significación que se muestra en absoluta contradicción con la lógica del control y de la reducción de las exigencias de la mayoría a la trama indispensable de la jerarquía. La igualdad, vieja compañera de la politeia, sólo puede permanecer en la República al precio de extraviar su contenido. Cada vez que reaparece, como en los días argentinos, nos devuelve al territorio del litigio, de aquello desde siempre insoportable para el poder. En la escisión entre lo político como fuerza democrática activa y la política como gestión de policía, hay que ir a buscar el conflicto de nuestro tiempo, un conflicto que separa a las fuerzas liberal-conservadoras de las popular-progresistas.
Pensar la democracia es, entonces, salirse de los lugares comunes, abandonar las perspectivas complacientes y acríticas que suelen ser funcionales a su ahuecamiento, para inmiscuirse con lo “inacabado” de una construcción histórica que convive con sus propias contradicciones. Retomo una más que interesante definición dada por Diego Tatián: “Empleo aquí la palabra democracia para designar la decisión común de mantener abierta la pregunta que interroga por lo que los cuerpos y las inteligencias pueden -ser y hacer-, y de establecer una institucionalidad hospitalaria con la fuerza de actuar, pensar y producir significado con la que cuentan los seres humanos –que son los seres humanos. En este sentido, democracia es una forma de sociedad que activa declaraciones de igualdad, y un régimen político que concreta esas declaraciones en instituciones sensibles a la novedad humana –que de otro modo permanecería clandestina, despolitizada o violenta.” La democracia pensada como una lógica de la incompletud que lleva dentro de sí aquello que la marca desde su inicio: el litigio por la igualdad, es decir la exigencia de los incontables de ser incorporados a la suma de todos los que forman parte de esa equidistancia igualitaria que define el núcleo primero y último de la invención democrática. En esa querella del origen, en esa incomodidad de ensanchar los límites de lo que no tiene límites ni forma precisa pero que organiza cuerpos disímiles, se encuentra el dinamismo conflictivo de un sistema político que nunca acaba de cristalizar allí donde el reclamo de igualdad, que la persigue desde el comienzo, impide la consolidación de una estructura acabada. En ese límite difuso la democracia perpetúa su doble cualidad de ser, por un lado, ontológicamente igualitaria y, por el otro lado, no poder terminar de resolver el carácter de esa igualdad de origen allí donde lo que persiste es la desigualdad material.
La democracia ha sido, y lo sigue siendo, el nombre de una grieta en la estructura del poder; la evidencia de un desafío que los incontables de la historia nunca han dejado de hacerle al poder y que sigue proyectando su sombra desde la antigüedad griega: la persistencia de una exigencia de igualdad en contraposición a la continuidad, evidente o solapada, de una jerarquía estructurada como diferencia de clase. La democracia confunde lo que la riqueza y el nacimiento separan y explican sin inconvenientes; juega con una alquimia que raramente suele trascender y superar los juegos de infancia allí donde, y bajo la atenta mirada de las pedagogías ilustradas, se mezcló lo que luego sería separado por mor de la desigualdad material, esa que ha seguido imperturbable su curso atravesando las diferentes etapas de la historia.
En todo caso, y desde la reinvención moderna de la democracia, su núcleo igualitario no dejó nunca de entrar en un difícil equilibrio con la realidad de los poderes en pugna, allí donde los cuerpos de los incontables batallan por hacerse más visibles en medio de la invisibilización de los muchos. En el núcleo de esa batalla sorda se inscribe nuestra actualidad política, esa experiencia, a la que llamamos democracia representativa, y que algunos nombran de una manera en la que se intenta borrar las huellas que reconducen hacia el fondo igualitario e isonómico (marca de una memoria antigua que no pudo ser jamás eliminada, la isonomía daba cuenta de la equidistancia igualitaria que, respecto del centro, tenían todos los ciudadanos griegos a la hora de tomar la palabra y de elegir) y otros, los muchos en la suma de la que no todos toman parte aunque les corresponda ser parte de los que cuentan y son contados, pujan, también desde tiempos lejanos, por sumar “democráticamente”, es decir, desde la gramática de la igualdad, a esos muchos cuya invitación a participar del banquete queda siempre en suspenso.
Para los cultores de una “igualdad desigual”, esa falsa isonomía que restringe la democracia a juego formal, hay una amenaza latente en la exigencia de ampliar la determinación jurídica de la “igualdad ante la ley” incorporando el principio distribucionista de la riqueza socialmente producida, de la misma manera que repiten que el concepto de representación se conjuga inexorablemente con el de delegación de las facultades haciendo inviable, por anárquico y nihilista, su principio opuesto que sostiene la invitación, democrática, a la participación activa y decisoria de los muchos (convertidos en multitud popular). Alucinados ante una visión del Armagedón, los exégetas de una “igualdad desigual”, aquellos que instituyen la frontera policial irrebasable ante la persistente amenaza de los “desiguales de la igualdad” de presentarse de otro modo ante el ágora democrático, despotrican, utilizando los argumentos de la jurisprudencia y la constitución, contra los “igualitaristas”, aquellos que reclaman los derechos de los que restan para sumarse a la suma inconclusa de una democracia excluyente de esa misma multitud que horroriza a los comensales de un banquete que se quiere restringido desde la noche de los tiempos.
En nuestros días suele dársele el nombre de “populismo” a esa exigencia de ampliación de los límites incorporando a la democracia, a la que ellos, los pocos, denominan “República”, la demanda igualitaria, esa misma que se mete con la riqueza y su distribución y que supo tener otros nombres venerables en el interior de las tradiciones emancipatorias y rebeldes. De nuevo el litigio, de nuevo lo intolerable que asume la forma de la multitud popular, que no es la de la suma cordial y autorreflexiva de individuos fácilmente contables, sino la de la abigarrada expresión de los incontables, esos mismos cuyo lugar en la República no deja casi siempre de ser un incordio, esa incomodidad que suelen producir los recién llegados cuando, sin previa invitación, cuestionan las formas tradicionales, esas que afincadas en las instituciones dejaron desde siempre en el plano de la retórica lo que debía resolverse en el plano de lo material. La paradoja no dicha es que los supuestos recién llegados no son otros que los generadores de la riqueza con la que se regodean los dominadores de ayer y de hoy; aquellos que desde el fondo de los tiempos están ahí exigiendo lo que les pertenece por derecho y justicia. Lejos de constituirse como individuos autosuficientes o como ciudadanos atentos a los límites de una ley siempre desigual en su aplicación, sus momentos de luminosidad histórica se expresan bajo la forma de la multitud, de la masa desafiante, de la rebeldía de los incontables, de la chusma oscura o del pueblo movilizado. La democracia, su existencia histórica, es el resultado directo de esas multitudes inquietas y contestatarias, nunca el producto dadivoso de un poder establecido. Sin esas rebeldías, sin las eternas jacqueries de los invisibles, la actualidad social y política sería infinitamente peor para los muchos.
Nada más perverso e impúdico que el relato de los vencedores en el que se transfiere la violencia y la barbarie a los vencidos, despojándolos no sólo de derechos y de bienes sino, más grave todavía, de memoria y de historia para convertirlos en chusma rugiente, incendiaria y arrasadora de cualquier expresión civilizada. Para ese relato que suele habitar los pasadizos teóricos algo herrumbrados del republicanismo liberal, la multitud no representa otra cosa que un más allá caótico de las instituciones y de los ideales ciudadanos. Frente a la multitud anómica y peligrosa aparece la reivindicación luminosa del individuo, célula autoconsciente de una sociedad que debe luchar denodadamente contra las inclinaciones regresivas que se guardan en el seno de la plebe. En nuestros días menos sofisticados –dominados por los lenguajes triviales y chabacanos de la corporación mediática-, se habla de “la gente”, de “los vecinos autoconvocados” en contraposición flagrante a “los piqueteros” o, en un nuevo giro de los últimos tiempos, a los “ocupas”. Una sociedad de individuos blancos y propietarios, heredera de la saga civilizatoria, versus un aluvión oscuro que bajo la forma de la multitud heterónoma, ausente de sí misma y manejada por intereses mezquinos, viene a amenazar los fundamentos democrático liberales de la República.
Esa exigencia de recuperar lo olvidado de la democracia (lo que en general no solía entrar en el imaginario de nuestros “republicanos”, muy atentos a cuidar la calidad de las instituciones protegiéndolas de la invasión de los bárbaros), lleva hoy, entre nosotros, el nombre litigioso de “igualdad”. Cuestión no menor la de establecer, de nuevo y bajo las exigencias propias de la época, el vínculo entre la libertad, figura ejemplar sin la cual la democracia languidece por inanición espiritual, y la ya mencionada igualdad, sin la cual la misma democracia languidece por inanición de los cuerpos, es decir, por carencia de pan. Extraordinario desafío de una época, la nuestra, que ha conocido la tragedia de la separación, que ha sabido lo que significa buscar la igualdad dejando en el camino la libertad, pero que también ha experimentado lo que trae aparejado despejar la democracia, su existencia como Estado de Derecho, de la distribución más equitativa de la riqueza.
Fuente: Nota de Ricardo Foster en Revista Veintitres
Esa grieta de origen ha marcado las relaciones siempre arduas y complejas entre la tradición republicana y la tradición democrática. Desde cierta perspectiva se podría decir que la realización de la “República” se corresponde con el fin de lo político, allí donde este último viene a expresar el núcleo de lo que carece de confines, de aquello que no puede ser “puesto en caja”, es decir, ordenado de acuerdo a un régimen que se apoya, en lo esencial, en la fuerza de policía; de un orden, Platón dixit nuevamente, que pone un freno a la incorporación de los incontables en igualdad de condiciones y reclama la imperiosa necesidad de organizar la vida de la ciudad en torno a una élite de guardianes. El filósofo francés Jacques Rancière concluirá que, de lo que se trata, es de “poner fin […] a lo político tal como se manifiesta, a su estado espontáneo, democrático; poner fin a esa autorregulación anárquica de lo múltiple por decisión mayoritaria”. Esa es la dimensión “monstruosa” de la democracia que siempre ha inquietado a los cultores del orden. Ahí radica el deseo, inconfesado, de “ponerle fin a la política” entendiéndola en su verdadera significación que se muestra en absoluta contradicción con la lógica del control y de la reducción de las exigencias de la mayoría a la trama indispensable de la jerarquía. La igualdad, vieja compañera de la politeia, sólo puede permanecer en la República al precio de extraviar su contenido. Cada vez que reaparece, como en los días argentinos, nos devuelve al territorio del litigio, de aquello desde siempre insoportable para el poder. En la escisión entre lo político como fuerza democrática activa y la política como gestión de policía, hay que ir a buscar el conflicto de nuestro tiempo, un conflicto que separa a las fuerzas liberal-conservadoras de las popular-progresistas.
Pensar la democracia es, entonces, salirse de los lugares comunes, abandonar las perspectivas complacientes y acríticas que suelen ser funcionales a su ahuecamiento, para inmiscuirse con lo “inacabado” de una construcción histórica que convive con sus propias contradicciones. Retomo una más que interesante definición dada por Diego Tatián: “Empleo aquí la palabra democracia para designar la decisión común de mantener abierta la pregunta que interroga por lo que los cuerpos y las inteligencias pueden -ser y hacer-, y de establecer una institucionalidad hospitalaria con la fuerza de actuar, pensar y producir significado con la que cuentan los seres humanos –que son los seres humanos. En este sentido, democracia es una forma de sociedad que activa declaraciones de igualdad, y un régimen político que concreta esas declaraciones en instituciones sensibles a la novedad humana –que de otro modo permanecería clandestina, despolitizada o violenta.” La democracia pensada como una lógica de la incompletud que lleva dentro de sí aquello que la marca desde su inicio: el litigio por la igualdad, es decir la exigencia de los incontables de ser incorporados a la suma de todos los que forman parte de esa equidistancia igualitaria que define el núcleo primero y último de la invención democrática. En esa querella del origen, en esa incomodidad de ensanchar los límites de lo que no tiene límites ni forma precisa pero que organiza cuerpos disímiles, se encuentra el dinamismo conflictivo de un sistema político que nunca acaba de cristalizar allí donde el reclamo de igualdad, que la persigue desde el comienzo, impide la consolidación de una estructura acabada. En ese límite difuso la democracia perpetúa su doble cualidad de ser, por un lado, ontológicamente igualitaria y, por el otro lado, no poder terminar de resolver el carácter de esa igualdad de origen allí donde lo que persiste es la desigualdad material.
La democracia ha sido, y lo sigue siendo, el nombre de una grieta en la estructura del poder; la evidencia de un desafío que los incontables de la historia nunca han dejado de hacerle al poder y que sigue proyectando su sombra desde la antigüedad griega: la persistencia de una exigencia de igualdad en contraposición a la continuidad, evidente o solapada, de una jerarquía estructurada como diferencia de clase. La democracia confunde lo que la riqueza y el nacimiento separan y explican sin inconvenientes; juega con una alquimia que raramente suele trascender y superar los juegos de infancia allí donde, y bajo la atenta mirada de las pedagogías ilustradas, se mezcló lo que luego sería separado por mor de la desigualdad material, esa que ha seguido imperturbable su curso atravesando las diferentes etapas de la historia.
En todo caso, y desde la reinvención moderna de la democracia, su núcleo igualitario no dejó nunca de entrar en un difícil equilibrio con la realidad de los poderes en pugna, allí donde los cuerpos de los incontables batallan por hacerse más visibles en medio de la invisibilización de los muchos. En el núcleo de esa batalla sorda se inscribe nuestra actualidad política, esa experiencia, a la que llamamos democracia representativa, y que algunos nombran de una manera en la que se intenta borrar las huellas que reconducen hacia el fondo igualitario e isonómico (marca de una memoria antigua que no pudo ser jamás eliminada, la isonomía daba cuenta de la equidistancia igualitaria que, respecto del centro, tenían todos los ciudadanos griegos a la hora de tomar la palabra y de elegir) y otros, los muchos en la suma de la que no todos toman parte aunque les corresponda ser parte de los que cuentan y son contados, pujan, también desde tiempos lejanos, por sumar “democráticamente”, es decir, desde la gramática de la igualdad, a esos muchos cuya invitación a participar del banquete queda siempre en suspenso.
Para los cultores de una “igualdad desigual”, esa falsa isonomía que restringe la democracia a juego formal, hay una amenaza latente en la exigencia de ampliar la determinación jurídica de la “igualdad ante la ley” incorporando el principio distribucionista de la riqueza socialmente producida, de la misma manera que repiten que el concepto de representación se conjuga inexorablemente con el de delegación de las facultades haciendo inviable, por anárquico y nihilista, su principio opuesto que sostiene la invitación, democrática, a la participación activa y decisoria de los muchos (convertidos en multitud popular). Alucinados ante una visión del Armagedón, los exégetas de una “igualdad desigual”, aquellos que instituyen la frontera policial irrebasable ante la persistente amenaza de los “desiguales de la igualdad” de presentarse de otro modo ante el ágora democrático, despotrican, utilizando los argumentos de la jurisprudencia y la constitución, contra los “igualitaristas”, aquellos que reclaman los derechos de los que restan para sumarse a la suma inconclusa de una democracia excluyente de esa misma multitud que horroriza a los comensales de un banquete que se quiere restringido desde la noche de los tiempos.
En nuestros días suele dársele el nombre de “populismo” a esa exigencia de ampliación de los límites incorporando a la democracia, a la que ellos, los pocos, denominan “República”, la demanda igualitaria, esa misma que se mete con la riqueza y su distribución y que supo tener otros nombres venerables en el interior de las tradiciones emancipatorias y rebeldes. De nuevo el litigio, de nuevo lo intolerable que asume la forma de la multitud popular, que no es la de la suma cordial y autorreflexiva de individuos fácilmente contables, sino la de la abigarrada expresión de los incontables, esos mismos cuyo lugar en la República no deja casi siempre de ser un incordio, esa incomodidad que suelen producir los recién llegados cuando, sin previa invitación, cuestionan las formas tradicionales, esas que afincadas en las instituciones dejaron desde siempre en el plano de la retórica lo que debía resolverse en el plano de lo material. La paradoja no dicha es que los supuestos recién llegados no son otros que los generadores de la riqueza con la que se regodean los dominadores de ayer y de hoy; aquellos que desde el fondo de los tiempos están ahí exigiendo lo que les pertenece por derecho y justicia. Lejos de constituirse como individuos autosuficientes o como ciudadanos atentos a los límites de una ley siempre desigual en su aplicación, sus momentos de luminosidad histórica se expresan bajo la forma de la multitud, de la masa desafiante, de la rebeldía de los incontables, de la chusma oscura o del pueblo movilizado. La democracia, su existencia histórica, es el resultado directo de esas multitudes inquietas y contestatarias, nunca el producto dadivoso de un poder establecido. Sin esas rebeldías, sin las eternas jacqueries de los invisibles, la actualidad social y política sería infinitamente peor para los muchos.
Nada más perverso e impúdico que el relato de los vencedores en el que se transfiere la violencia y la barbarie a los vencidos, despojándolos no sólo de derechos y de bienes sino, más grave todavía, de memoria y de historia para convertirlos en chusma rugiente, incendiaria y arrasadora de cualquier expresión civilizada. Para ese relato que suele habitar los pasadizos teóricos algo herrumbrados del republicanismo liberal, la multitud no representa otra cosa que un más allá caótico de las instituciones y de los ideales ciudadanos. Frente a la multitud anómica y peligrosa aparece la reivindicación luminosa del individuo, célula autoconsciente de una sociedad que debe luchar denodadamente contra las inclinaciones regresivas que se guardan en el seno de la plebe. En nuestros días menos sofisticados –dominados por los lenguajes triviales y chabacanos de la corporación mediática-, se habla de “la gente”, de “los vecinos autoconvocados” en contraposición flagrante a “los piqueteros” o, en un nuevo giro de los últimos tiempos, a los “ocupas”. Una sociedad de individuos blancos y propietarios, heredera de la saga civilizatoria, versus un aluvión oscuro que bajo la forma de la multitud heterónoma, ausente de sí misma y manejada por intereses mezquinos, viene a amenazar los fundamentos democrático liberales de la República.
Esa exigencia de recuperar lo olvidado de la democracia (lo que en general no solía entrar en el imaginario de nuestros “republicanos”, muy atentos a cuidar la calidad de las instituciones protegiéndolas de la invasión de los bárbaros), lleva hoy, entre nosotros, el nombre litigioso de “igualdad”. Cuestión no menor la de establecer, de nuevo y bajo las exigencias propias de la época, el vínculo entre la libertad, figura ejemplar sin la cual la democracia languidece por inanición espiritual, y la ya mencionada igualdad, sin la cual la misma democracia languidece por inanición de los cuerpos, es decir, por carencia de pan. Extraordinario desafío de una época, la nuestra, que ha conocido la tragedia de la separación, que ha sabido lo que significa buscar la igualdad dejando en el camino la libertad, pero que también ha experimentado lo que trae aparejado despejar la democracia, su existencia como Estado de Derecho, de la distribución más equitativa de la riqueza.
Fuente: Nota de Ricardo Foster en Revista Veintitres
martes, 18 de enero de 2011
El país antes y despues de Nestor
Gracias al blog Argentina 2003-2010 producto del trabajo de los compañeros de Sueños Compartidos.
Continuemos por este camino y en 2011-2015 militemos para profundizar el modelo!
viernes, 14 de enero de 2011
DISTRIBUIR LA RIQUEZA ES CONSTRUIR LA SUSTENTABILIDAD
La restauración conservadora despliega presiones y programas. Han transcurrido ocho años desde los acontecimientos provocados por el desbarajuste del modelo neoliberal, que se hundió a causa de su inconsistencia y, principalmente, del descontento ciudadano y la movilización popular, ambos resultantes de la indignación causada por las precariedades y los despojos sufridos durante la hegemonía que el capital financiero había ejercido en el último cuarto del siglo pasado. La emergencia y consolidación de un enfoque diferente desde el 2003 se tradujeron en un rápido e inédito ritmo de crecimiento del producto, en una reducción drástica del desempleo y en una solidez de la macroeconomía que los neoliberales siempre declamaron perseguir pero jamás lograron con sus políticas.Una primera fase del nuevo rumbo se centró en la reestructuración de los precios relativos de la economía, sustentada en un tipo de cambio competitivo que ejercía la protección del mercado interno y estimulaba la sustitución de importaciones, a la vez que promovía las exportaciones, expandía el mercado interno, creaba una cantidad significativa de puestos de trabajo y recuperaba el salario de los trabajadores. Pero arribó a una instancia compleja de bifurcación de caminos, de elección entre proyectos, de opción entre alianzas necesarias.
Se llegó a ese momento luego de transitar un lustro en el que muchos políticos, intelectuales y voceros de las ideas económicas tributarias de un pensamiento único, que había sido impuesto en el lugar de certeza durante las largas y amargas décadas previas, callaron. La realidad los había dejado sin argumentos, sin propuestas, sin palabras.
Otros, frecuentadores saltimbanquis del poder y el establishment, pero también de las burocracias y sus peripecias, reconvirtieron sus berretas discursos para justificar lo nuevo, así como antes lo habían hecho con lo viejo. Para estos oportunistas amigos del mercado, el elogio del liberalismo financiero mutaba en entusiasmo aprobatorio de los estímulos al empresariado industrial.
Un tercer grupo, que había criticado consecuentemente al neoliberalismo por su rol desindustrializador, se alineó en la nueva época bregando por eternizar devaluaciones y grandes ganancias que construyeran una dinámica con eje en las exportaciones.
También se reabrieron espacios para renovadas ideas y utopías que vislumbraban la posibilidad de profundizar el rumbo de autonomía nacional con el despliegue de una política popular, edificada sobre la base del acento en el mercado interno, la unidad e integración de América Latina, la diversificación productiva, la redistribución del ingreso y el crecimiento acelerado. El quinquenio 2003/2008 había dado sobrados motivos, renovados indicios, manifiestas señales que fundaban la existencia de una apuesta jugada y audaz a la profundización por la que esta última vertiente quería militar. Un nuevo espíritu de época había nacido con la recuperación de la política como herramienta de cambio, su autonomización respecto de la lógica del veto corporativo. Asimismo lo constituía la rápida revalidación del consenso para la intervención estatal en la economía y para avanzar en la construcción de una arquitectura política, económica y financiera regional, capaz de edificar una institucionalidad latinoamericana digna de una segunda independencia. Sumaban al mismo la recuperación de los convenios colectivos para resolver salarios y el resto de la contractualidad laboral, así como la desmercantilización de las tarifas de los servicios públicos esenciales. Estos renovados vientos tuvieron una formidable potencia desestructurante sobre el modelo de valorización financiera. Es un umbral que debe ser defendido y profundizado.
Podemos especificar allí los siguientes hitos: (i) La suba del salario mínimo. (ii) La disputa por las retenciones móviles en la que se implicaba una forma de pensar el país, la economía, el desarrollo y la distribución de la riqueza, asumiendo que la estrategia asignativa se define extramercantilmente, y que su lógica resulta basada en el proyecto que expresan quienes fueron ungidos por el voto ciudadano. (iii) La inclusión en el régimen jubilatorio de millones de argentinos marginados, desde años atrás, de un derecho esencial expropiado por las sucesivas gestiones gubernamentales que se habían entregado al recetario del “Consenso de Washington”.(iv) La estatización del Correo, Aguas Argentinas y Aerolíneas Argentinas y fuertes inversiones públicas en infraestructura, escuelas y vivienda. (v) La recuperación del régimen previsional para la administración estatal, la aplicación de esos fondos a la inversión pública y la opción por conservar las posiciones de dirección en las empresas concentradas, derechos que habían devenido de las tenencias accionarias de las fenecidas AFJP. Así se reasumía el paradigma de solidaridad intergeneracional que gobiernos tributarios del pensamiento ortodoxo resignaron por otro de ahorro individual. (vi) El desendeudamiento con el FMI y la desvinculación de sus recomendaciones de política. (vii) La refinanciación de la deuda externa, con una quita de más del 60%. (viii) La asignación universal por hijo, nueva y profunda política que confirma la vocación reparadora y constitutiva de ciudadanía de un gobierno diferenciado claramente de sus predecesores que nunca atendieron a esta propuesta clave de las organizaciones sociales.
La recuperación y ampliación de derechos económicos y sociales en la primera parte del gobierno de Kirchner -que vino de la mano del crecimiento del empleo y el reordenamiento de las condiciones de gobernabilidad- , luego de la devastación de la crisis económica y política del 2001, tuvo menos resistencias y fue acompañada por conversos circunstanciales y por los silencios de los enterrados debajo de los escombros por aquel derrumbe, en el que cayó lo que habían asegurado indestructible.
Pero en el final del gobierno de Néstor Kirchner y en el comienzo del de Cristina Fernández, la continuidad del proyecto requería de su profundización. El estímulo de la demanda en una economía con el 20% de desempleados no tiene las mismas lógicas cuando el índice se reduce al 8%; en la primera situación alcanza con la promoción del empleo, en la segunda se requiere de la mejora del salario. Además, la reinserción de los trabajadores en su condición activa va haciendo mutar las luchas por la inclusión por otras que persiguen mejoras salariales, entre las cuales algunas adquieren un carácter emancipatorio que se expresa en la resistencia de los trabajadores a ser considerados como una mera mercancía. Así, tanto la revisión de la flexibización laboral como la recuperación de las convenciones colectivas, la creciente conformación de cooperativas de trabajo y, también, el desplegado movimiento de fábricas recuperadas administradas por los trabajadores constituyen significativas manifestaciones de una renovada situación social.
A su vez, recompuesta la tonicidad del mercado interno, los empresarios recuestan sus preocupaciones más bien en el afán de ganar más que en el peligro de quebrar por falta de ventas. Ni hablar de los que venden al exterior, siempre atentos a menores costos que les faciliten competitividad y más rentabilidad.
En las economías del capitalismo contemporáneo, la concentración de la oferta -que en la Argentina es agudísima, en condiciones de mercados muy oligopolizados- permite a los formadores de precios maximizar beneficios extraordinarios, trasladando los costos de las mejoras salariales a los aumentos de precios. Así, la continuidad de las políticas redistributivas, inevitable para no retroceder, se enmarca en una intensificación de pujas por el ingreso. Sólo la intervención pública y estatal puede ordenar y resolver esa continuidad. Nunca el mercado que, contrariamente, disciplina siempre hacia el retroceso. La política, como posibilidad democrática, iguala y elimina injusticias; el mercado, como expresión de poder contante y sonante, ensancha diferencias.
Un límite dramático, sin embargo, han tenido las conducciones del proyecto en curso, límite en cuya superación le va la vida misma, su propia posibilidad de continuidad. Ese límite es la ausencia de la reforma del Estado, necesaria para reemplazar un aparato funcional al neoliberalismo por una herramienta apta para una transformación de signo democrático, nacional y popular. “Achicar el Estado” no ha sido “agrandar la Nación”, como decía la consigna de la dictadura, sino desintegrarla e inviabilizarla. Resultará, entonces, imprescindible acometer un proceso de reestructuración y expansión del mismo.
La intervención estatal para garantizar la redistribución del ingreso, y mucho más para auspiciar la de la riqueza, requiere de un control antimonopólico, una administración y un seguimiento de precios permanente, eficiente y potente. Su articulación demanda mucho más que ciertos modos de presión y negociación o intervenciones de oportunidad en los mercados, efectuadas con distintas cuotas de habilidad o fortuna. Significa estructuras estatales con la implicación en las mismas de numerosos agentes, que deben ser ciudadanos profesionalizados y compenetrados con el signo transformador del proceso en curso y, además, una indispensable participación y organización popular. Debe combinar distintos tipos de instrumentos, como el conocimiento de las cadenas de producción, la regulación de los beneficios en sus distintos eslabones, hasta la organización de empresas “testigo” para intervenir decisivamente en las condiciones de competencia de mercados donde se transan bienes esenciales al consumo popular. En economías altamente concentradas es indispensable, como elemento clave de la política económica, una estrategia antioligopólica y que impida los abusos de posición dominante. Argentina es un caso típico.
Durante los dos últimos años, en las paulatinas alzas de los precios de los bienes de consumo popular y de los que integran la demanda de los sectores medios y en la ausencia de la necesaria rectificación del rumbo en el INDEC, confluyeron dos situaciones que tuvieron sensible influencia sobre los resultados de las recientes elecciones parlamentarias. Ambas están ligadas a la carencia de una transformación del Estado. Estas insuficiencias se tradujeron en la ineficacia de la política de precios que provocó retrocesos en la distribución del ingreso y subestimó el peso de la calidad de la información estadística en la conformación del consenso popular. Las alzas de precios sobrevinieron como modo de resistencia del poder económico concentrado a las mejoras salariales. También daban cuenta de la posibilidad, vislumbrada por los grandes grupos empresarios, de apropiación de mayores beneficios extraordinarios a costa de los aumentos del ingreso disponible de los argentinos. Éstos eran el resultado de otras medidas redistributivas, como los aumentos de jubilaciones y de los sueldos e ingresos fijos de toda la economía. Las empresas concentradas registraron que el nivel de la demanda, sostenido con esos ingresos mejorados, se había elevado a pesar de los sucesivos aumentos de precios; en consecuencia acentuaron esos ajustes. Una economía ampliada, de complejidad creciente, le quedó muy grande a una política de administración de precios sustentada en precarias vigilancias y acuerdos espasmódicos con agentes formadores de mercados.
El otorgamiento de subsidios a empresas de servicios básicos es un instrumento imprescindible para la fijación de tarifas que reconozcan su condición de derecho social y las desprendan del carácter mercantil, pero el retiro de la lógica de mercado demanda la implementación de otros modos de garantizar la calidad y la corrección de la prestación. Los costos que no se pagan en la construcción de una burocracia eficiente están condenados a substituirse por otros que se erogarán para beneficio de los empresarios dueños de las empresas subsidiadas. Además, las firmas estatizadas requieren de reconversiones hacia nuevos diseños que garanticen una mejor atención de las necesidades ciudadanas.
La organización de una estrategia permanente de tipo de cambio múltiple, objetivo clave del régimen de retenciones, requiere de una estructura estatal que intervenga en su formulación, así como en las tareas de comunicación y construcción de hegemonía indispensable para esa política de Estado, por estar ésta implicada en un proyecto redistributivo que sería imposible sin afectar los más poderosos intereses.
Un tiempo antes de las elecciones, la corriente de opinión que favorecía un modelo centrado en las exportaciones y mano de obra intensiva y barata, desencadenó sus presiones prodevaluatorias para restaurar y eternizar niveles de salarios bajísimos en dólares, apuntando a promover una rearticulación de la economía nacional en la globalización. Ese modelo está basado en un patrón de acumulación definido en el proteccionismo industrial, los bajos sueldos y la recomposición de la relación externa subordinada a los centros del poder mundial. Esta propuesta desertaba del campo aliado al gobierno, e inauguraba un vértice de críticas a éste, agrupando a los intereses de conglomerados industriales productores de commodities.
Mientras tanto, la mesa de enlace blandía la receta restauradora más descarnada, reclamando la eliminación de las retenciones, el abandono de la intervención estatal en la economía y la desregulación de los procesos de comercialización. Exponente del proyecto sojero, de especialización exclusiva en producciones agrarias y agroindustriales, esta receta supone un enorme costo ambiental, destruye el suelo y pone en peligro nuestra soberanía alimentaria y la vida del pueblo, además de apuntar a un diseño de país situado en las antípodas del que, con sus contradicciones y evidentes zonas oscuras, fomenta la acción del gobierno nacional. De atenderse la pretensión de que la asignación de recursos económicos responda a las señales de precios del mercado internacional, se claudicaría hacia una nueva reedición de la estructura productiva subdesarrollada, subordinada y dependiente, provocando el incremento del desempleo y una repetida postergación de las vocaciones de autonomía.
El desencadenamiento de la crisis mundial mostró las virtudes de una política económica afincada en un patrón de acumulación con mayor autonomía: Argentina sufrió menos el impacto que la mayoría de los países de desarrollo similar. Pero aun así, la globalización financiera tiene un grado de profundidad tal que resulta imposible la evitación de todo impacto. El perfil de exportaciones del país, dominado por los commodities agropecuarios –que paradójicamente, como se señaló, ponen en juego el futuro- favoreció notablemente el sostenimiento de un balance comercial positivo, debido a que en el comercio internacional de los mismos predominaron las tendencias estructurales determinadas por el crecimiento asiático. Pero, a pesar de este conjunto favorable de condiciones en la economía nacional, ésta flaqueó por la insuficiencia de profundidad en algunos perfiles de política que el gobierno adoptó correctamente, mas con tono tibio: las regulaciones de los flujos de capital evitaron corridas como las que acontecieron en otros países de la región, pero no impidieron una corriente constante de egresos de divisas que, con el tiempo, acumuló un monto sustantivo. Esta sustracción de recursos resultó en demérito del crecimiento de la producción y la mejora de las condiciones sociales. Los encajes y la adopción de determinadas restricciones en el mercado de valores se quedaron cortos; hubiera sido y es necesaria una energía más radical en institucionalizar y profundizar las restricciones a los movimientos de capital de corto plazo. La actual reversión de salidas por entradas no debe ser asumida con discursos y actitudes apologéticas, pues justamente la volatilidad es la característica intrínseca de esos fondos especulativos.
La crisis puso en cuestión el modo de valorización financiera del capital en el centro del sistema. Así, se recrearon consensos respecto de la intervención estatal en la actividad económica. La reivindicación de ésta por parte de Argentina y otros países latinoamericanos dejó de ser un hecho anómalo. Pero lejos estuvieron los países centrales de retomar políticas de intervención estatal que significaran una ruptura con el predominio de la lógica de regulación financiera: los estados centraron su intervención en el salvataje de bancos y en el refuerzo de normas con el objetivo de emparchar el patrón de acumulación vigente, que no están dispuestos a cambiar ni reformar. La dinámica de la globalización financiera requiere del modo actual de funcionamiento y no admite mutaciones. Hoy el continuismo neoliberal se ilusiona con una mejoría que mantiene todas las condiciones que provocarán una crisis más grave en pocos años, la prueba es que ya se verifican la continuidad y profundización de apalancamientos aventureros, mientras los pueblos viven las consecuencias de resquebrajamientos productivos, recesiones, más desempleo y desgarramientos sociales. Las sucesivas reuniones del G20 produjeron documentos que traducen la hegemonía del continuismo de las políticas de liberalización –incluyendo la reinstalación del FMI en el lugar de institución clave de las finanzas internacionales-, no manifiestan vocación para poner límite al flujo libre de los movimientos de capitales ni para restringir las innovaciones financieras propias de la acumulación especulativa del capital financiero, fenómenos que traen agudas consecuencias de desfinanciamiento del desarrollo y de agravamiento y frecuencia de las crisis. Los costos de estos colapsos son una y otra vez trasladados por el centro del sistema hacia la periferia, con el objeto de descargar sus efectos sobre las espaldas de los países más débiles y las franjas más pobres de la Humanidad. No obstante, el funcionamiento del G20 ha significado un avance respecto de su predecesor G7; el traslado de cuestiones cruciales a un ámbito en el que participan algunos países del Sur amplía el espacio de debate. Así, Argentina y los BRICS han introducido discusiones sobre cuestiones sustanciales como la reversión de presiones favorables a la flexibilización laboral. La puja, producto de esas nuevas incorporaciones, se sitúa en la tensión entre una mayor disputa y la legitimación de los poderosos. Sin embargo, está pendiente lo principal: la restitución a las Naciones Unidas del rol de ámbito de cooperación del conjunto de la comunidad internacional, y en consecuencia, su fortalecimiento como organización natural para abordar la discusión y resolución de los temas de la economía global. Ha sido una contribución a la democratización del poder a nivel mundial el fortalecimiento en América Latina del MERCOSUR, y la creación de nuevas instancias legítimas de institucionalidad política, económica y financiera, como UNASUR y el Banco del Sur. En la misma dirección aportarán los intercambios en monedas locales, la construcción futura de un Fondo Regional de Reservas, el avance hacia una moneda única latinoamericana. Precisamente es el regionalismo el espacio desde donde reconstruir unas Naciones Unidas democratizadas, ya que el control de los países del Norte sobre esa institución la llevó a la parálisis, a la degradación y a su instrumentación para operaciones funcionales a los poderes imperiales.
Cuando las miradas y lecturas de la situación del capitalismo mundial debieran fortalecer y alimentar los proyectos de autonomía y de desconexión relativa respecto a la internacionalización financiera, la AEA –nucleamiento que agrupa al empresariado más poderoso y concentrado del país- y la mesa de enlace –expresión de los propietarios rurales perceptores de rentas extraordinarias- confluyen en la difusión y reclamo de un programa completo centrado en concepciones “libremercadistas”, a las que se ha sumado la dirección de la UIA, a la vez que pronuncian y estimulan políticas de “disciplinamiento” social y penalización y represión de la protesta. Un trípode, sustentado en la rearticulación con el FMI y la “comunidad” financiera internacional, la reducción y eliminación de retenciones y la desintervención estatal de la economía es el asiento de un programa de la restauración. Sucede que la concentración de la producción no ha cejado en ningún momento y por eso resulta urgente la implementación de políticas desconcentradoras, desmonopolizadoras y redistributivas. El crecimiento del PBI por sí mismo no allega equidad, las mejoras salariales a veces van por detrás del aumento de la productividad del trabajo – como ocurrió en el último cuarto de siglo pasado en el que se produjo una reducción drástica de la participación de los trabajadores en el ingreso-. Una auténtica redistribución se sustenta en tres pilares: el aumento del empleo, el alza de los salarios que supere la mejora de la productividad y las políticas fiscales progresivas. Cuando se discute la distribución en una economía concentrada como la Argentina, los grandes beneficiarios de las lógicas de la desigualdad reaccionan, a veces ferozmente. Así ocurrió con la Ley de servicios audiovisuales, de trámite democrático y participativo y objetivos desoligopolizadores y estimuladores de la gestión social de proyectos, atacada por los grandes dueños de empresas de comunicación y los exponentes de la derecha. Igual actitud han tenido frente a la también desmonopolizadora medida en relación a la televisación del fútbol. Estos procesos reconocen derechos que habían sido reducidos a mercancías por el neoliberalismo: el derecho a la información y el derecho a la recreación de los sectores populares.
La redistribución de la riqueza es un acto de justicia social y nunca una dádiva. Pues resulta necesario comprender que la actividad que genera esa riqueza es el trabajo y el sujeto central de éste, los trabajadores. Estos constituyen el agente principal de un Proyecto Nacional, y es imprescindible sustituir equivocadas ideas que depositan ese rol más dinámico en el empresariado. En la coalición de fuerzas para llevarlo a cabo tienen un papel conjunto los trabajadores formales e informales, los pobres sin trabajo, el empresariado nacional –en el que hay nacientes y potenciales innovadores no concentrados- y todos los sectores populares.
La ausencia de equidad es la esencia de las desgarrantes situaciones seculares de pobreza. Estas requieren de atención urgente y no hay política que abunde o medida que pueda retacearse para resolver la coyuntura. Pero la derecha eclesiástica y laica cabalga sobre la denuncia de la indigencia, para acometer contra un proyecto político que es el único que ha puesto en debate la cuestión estructural de fondo para resolver la pobreza: la redistribución. La esencia del combate contra la pobreza es la justicia y ésta implica, sencillamente, transferir ingresos y riquezas de los más ricos a los más pobres. Entre las soluciones de la justicia y la caridad también está la diferencia que marca dos proyectos de país. La restitución del impuesto a la herencia sería una acción emblemática en este sentido.
Hoy reviven de las cenizas aquéllos que habían enmudecido cuando la hecatombe del 2001, pero a veces las palabras calladas por el fracaso y el derrumbe del neoliberalismo -que inauguró el milenio en Argentina- reaparecen habladas por engañosas voces travestidas, adoradoras de un “republicanismo” fundamentalista vacío de democracia. Las fuerzas sociales y los poderes económicos se reagrupan en dos proyectos alternativos de país: profundización de las transformaciones o retorno neoliberal. Las medias tintas tienen pronóstico de disolución.
El gobierno afrontó la crisis fiel a la sustancia de su gestión alejada de políticas de ajuste. Defensa de los puestos de trabajo, estímulo de la demanda y más rol estatal. Pero las condiciones del presente y el derrotero futuro reclaman mucho más que fidelidad y consecuencia en un rumbo. La continuidad y la defensa de este rumbo exigen más. Una política popular necesita de una buena cuota de organización del espacio social y movilización para la transformación, centrada en una mística, imposible sin una identificación con el proyecto, que debe brotar de la percepción de un compromiso gubernamental de alcanzar sustantivas mejoras. No alcanza con el registro de lo hecho. Se requiere la promesa y el Plan. Falta un Plan como instrumento de un proyecto compartido, brújula de destino y herramienta de trabajo cotidiano. Un Plan como estrategia no mercantil de asignación de los recursos con los que cuenta la economía. En todo caso, los mercados existirán como instrumentos para la eficacia de esa estrategia y no como lógica exclusiva y dominante. Entre la hegemonía del mercado y la centralidad del Plan se debate la opción entre el disciplinamiento financiero y una democracia profunda y participativa.
Hay tareas pendientes, reformas no emprendidas, que resultan claves para la profundizacióndiversificación productiva. Además, la reforma tributaria -ahincada en el crecimiento de la imposición progresiva-, eje para una política redistributiva. Por otra parte, la desconcentración de la economía y la redistribución de la riqueza requieren de nuevas empresas públicas, más regulación y control de las empresas de servicios públicos privatizadas -en particular las que reciben subsidios- y de las que operan en condiciones de cuasi monopolios, así como su estatización cuando resulte estratégico. Se necesitan, asimismo, políticas específicas para el espacio de las Pymes, productoras, muchas veces, de bienes de alto valor agregado, por la importancia que tienen en la creación de empleo, en el crecimiento del PBI, el incremento de exportaciones de bienes diferenciados y la desconcentración económica. También es indispensable el apoyo y financiamiento a otras modalidades de propiedad y gestión social (empresas recuperadas, cooperativas, etc.) y a los pequeños productores campesinos. Para avanzar en esta dirección se necesita de un encuadramiento mucho más estricto de la propiedad empresaria, ubicándola en función de un proyecto de profundización democrática. No hay redistribución del ingreso posible sin la apropiación social de una parte substancialmente mayor de las ganancias y rentas del empresariado de cúpula, y que no parta de un incremento de la imposición a la riqueza. Por eso, no se trata de quitar subsidios al consumo, poniendo en un bolsillo popular lo que se saca del otro, sino que la única vía es aumentar impuestos a los ricos y mejorar su recaudación, formalizar empleo y garantizar cada vez más derechos económicos y sociales. No hay mejora en lo esencial para la ciudadanía sin procesos enérgicos de igualación social y despolarización de la riqueza.
Pero la sola definición de contenidos programáticos destacados no conforma un perfil popular, nacional y democrático. Este se completa en un proyecto y un posicionamiento político. Reclamar lo que falta no puede hacerse sino apoyando la defensa de lo construido. La vocinglería economicista de una suma de medidas radicales que prescinde del apoyo a un gobierno que, aun con zonas oscuras, es consecuente en la disputa con las corporaciones del poder concentrado, no sólo no aporta sino que confunde y desune. No se puede reclamar la necesaria reforma de la explotación y regulación minera e hidrocarburífera sin defender la apropiación pública de la renta agraria extraordinaria, ni reivindicar mejoras de los ingresos reales del pueblo desconociendo el papel redistributivo de las tarifas subsidiadas de los servicios públicos.
Parece aproximarse una hora decisiva para el proyecto. La profundización inevitable para sostenerlo requiere de una prueba de fuerzas. ¿Construirá el poder concentrado la correlación para el proyecto destituyente, en el que hoy aprestan sus programas? ¿O tendremos capacidad para impulsar la continuidad del curso de transformaciones sustantivas? Un llamado en forma de pregunta.
2/11/09
Se llegó a ese momento luego de transitar un lustro en el que muchos políticos, intelectuales y voceros de las ideas económicas tributarias de un pensamiento único, que había sido impuesto en el lugar de certeza durante las largas y amargas décadas previas, callaron. La realidad los había dejado sin argumentos, sin propuestas, sin palabras.
Otros, frecuentadores saltimbanquis del poder y el establishment, pero también de las burocracias y sus peripecias, reconvirtieron sus berretas discursos para justificar lo nuevo, así como antes lo habían hecho con lo viejo. Para estos oportunistas amigos del mercado, el elogio del liberalismo financiero mutaba en entusiasmo aprobatorio de los estímulos al empresariado industrial.
Un tercer grupo, que había criticado consecuentemente al neoliberalismo por su rol desindustrializador, se alineó en la nueva época bregando por eternizar devaluaciones y grandes ganancias que construyeran una dinámica con eje en las exportaciones.
También se reabrieron espacios para renovadas ideas y utopías que vislumbraban la posibilidad de profundizar el rumbo de autonomía nacional con el despliegue de una política popular, edificada sobre la base del acento en el mercado interno, la unidad e integración de América Latina, la diversificación productiva, la redistribución del ingreso y el crecimiento acelerado. El quinquenio 2003/2008 había dado sobrados motivos, renovados indicios, manifiestas señales que fundaban la existencia de una apuesta jugada y audaz a la profundización por la que esta última vertiente quería militar. Un nuevo espíritu de época había nacido con la recuperación de la política como herramienta de cambio, su autonomización respecto de la lógica del veto corporativo. Asimismo lo constituía la rápida revalidación del consenso para la intervención estatal en la economía y para avanzar en la construcción de una arquitectura política, económica y financiera regional, capaz de edificar una institucionalidad latinoamericana digna de una segunda independencia. Sumaban al mismo la recuperación de los convenios colectivos para resolver salarios y el resto de la contractualidad laboral, así como la desmercantilización de las tarifas de los servicios públicos esenciales. Estos renovados vientos tuvieron una formidable potencia desestructurante sobre el modelo de valorización financiera. Es un umbral que debe ser defendido y profundizado.
Podemos especificar allí los siguientes hitos: (i) La suba del salario mínimo. (ii) La disputa por las retenciones móviles en la que se implicaba una forma de pensar el país, la economía, el desarrollo y la distribución de la riqueza, asumiendo que la estrategia asignativa se define extramercantilmente, y que su lógica resulta basada en el proyecto que expresan quienes fueron ungidos por el voto ciudadano. (iii) La inclusión en el régimen jubilatorio de millones de argentinos marginados, desde años atrás, de un derecho esencial expropiado por las sucesivas gestiones gubernamentales que se habían entregado al recetario del “Consenso de Washington”.(iv) La estatización del Correo, Aguas Argentinas y Aerolíneas Argentinas y fuertes inversiones públicas en infraestructura, escuelas y vivienda. (v) La recuperación del régimen previsional para la administración estatal, la aplicación de esos fondos a la inversión pública y la opción por conservar las posiciones de dirección en las empresas concentradas, derechos que habían devenido de las tenencias accionarias de las fenecidas AFJP. Así se reasumía el paradigma de solidaridad intergeneracional que gobiernos tributarios del pensamiento ortodoxo resignaron por otro de ahorro individual. (vi) El desendeudamiento con el FMI y la desvinculación de sus recomendaciones de política. (vii) La refinanciación de la deuda externa, con una quita de más del 60%. (viii) La asignación universal por hijo, nueva y profunda política que confirma la vocación reparadora y constitutiva de ciudadanía de un gobierno diferenciado claramente de sus predecesores que nunca atendieron a esta propuesta clave de las organizaciones sociales.
La recuperación y ampliación de derechos económicos y sociales en la primera parte del gobierno de Kirchner -que vino de la mano del crecimiento del empleo y el reordenamiento de las condiciones de gobernabilidad- , luego de la devastación de la crisis económica y política del 2001, tuvo menos resistencias y fue acompañada por conversos circunstanciales y por los silencios de los enterrados debajo de los escombros por aquel derrumbe, en el que cayó lo que habían asegurado indestructible.
Pero en el final del gobierno de Néstor Kirchner y en el comienzo del de Cristina Fernández, la continuidad del proyecto requería de su profundización. El estímulo de la demanda en una economía con el 20% de desempleados no tiene las mismas lógicas cuando el índice se reduce al 8%; en la primera situación alcanza con la promoción del empleo, en la segunda se requiere de la mejora del salario. Además, la reinserción de los trabajadores en su condición activa va haciendo mutar las luchas por la inclusión por otras que persiguen mejoras salariales, entre las cuales algunas adquieren un carácter emancipatorio que se expresa en la resistencia de los trabajadores a ser considerados como una mera mercancía. Así, tanto la revisión de la flexibización laboral como la recuperación de las convenciones colectivas, la creciente conformación de cooperativas de trabajo y, también, el desplegado movimiento de fábricas recuperadas administradas por los trabajadores constituyen significativas manifestaciones de una renovada situación social.
A su vez, recompuesta la tonicidad del mercado interno, los empresarios recuestan sus preocupaciones más bien en el afán de ganar más que en el peligro de quebrar por falta de ventas. Ni hablar de los que venden al exterior, siempre atentos a menores costos que les faciliten competitividad y más rentabilidad.
En las economías del capitalismo contemporáneo, la concentración de la oferta -que en la Argentina es agudísima, en condiciones de mercados muy oligopolizados- permite a los formadores de precios maximizar beneficios extraordinarios, trasladando los costos de las mejoras salariales a los aumentos de precios. Así, la continuidad de las políticas redistributivas, inevitable para no retroceder, se enmarca en una intensificación de pujas por el ingreso. Sólo la intervención pública y estatal puede ordenar y resolver esa continuidad. Nunca el mercado que, contrariamente, disciplina siempre hacia el retroceso. La política, como posibilidad democrática, iguala y elimina injusticias; el mercado, como expresión de poder contante y sonante, ensancha diferencias.
Un límite dramático, sin embargo, han tenido las conducciones del proyecto en curso, límite en cuya superación le va la vida misma, su propia posibilidad de continuidad. Ese límite es la ausencia de la reforma del Estado, necesaria para reemplazar un aparato funcional al neoliberalismo por una herramienta apta para una transformación de signo democrático, nacional y popular. “Achicar el Estado” no ha sido “agrandar la Nación”, como decía la consigna de la dictadura, sino desintegrarla e inviabilizarla. Resultará, entonces, imprescindible acometer un proceso de reestructuración y expansión del mismo.
La intervención estatal para garantizar la redistribución del ingreso, y mucho más para auspiciar la de la riqueza, requiere de un control antimonopólico, una administración y un seguimiento de precios permanente, eficiente y potente. Su articulación demanda mucho más que ciertos modos de presión y negociación o intervenciones de oportunidad en los mercados, efectuadas con distintas cuotas de habilidad o fortuna. Significa estructuras estatales con la implicación en las mismas de numerosos agentes, que deben ser ciudadanos profesionalizados y compenetrados con el signo transformador del proceso en curso y, además, una indispensable participación y organización popular. Debe combinar distintos tipos de instrumentos, como el conocimiento de las cadenas de producción, la regulación de los beneficios en sus distintos eslabones, hasta la organización de empresas “testigo” para intervenir decisivamente en las condiciones de competencia de mercados donde se transan bienes esenciales al consumo popular. En economías altamente concentradas es indispensable, como elemento clave de la política económica, una estrategia antioligopólica y que impida los abusos de posición dominante. Argentina es un caso típico.
Durante los dos últimos años, en las paulatinas alzas de los precios de los bienes de consumo popular y de los que integran la demanda de los sectores medios y en la ausencia de la necesaria rectificación del rumbo en el INDEC, confluyeron dos situaciones que tuvieron sensible influencia sobre los resultados de las recientes elecciones parlamentarias. Ambas están ligadas a la carencia de una transformación del Estado. Estas insuficiencias se tradujeron en la ineficacia de la política de precios que provocó retrocesos en la distribución del ingreso y subestimó el peso de la calidad de la información estadística en la conformación del consenso popular. Las alzas de precios sobrevinieron como modo de resistencia del poder económico concentrado a las mejoras salariales. También daban cuenta de la posibilidad, vislumbrada por los grandes grupos empresarios, de apropiación de mayores beneficios extraordinarios a costa de los aumentos del ingreso disponible de los argentinos. Éstos eran el resultado de otras medidas redistributivas, como los aumentos de jubilaciones y de los sueldos e ingresos fijos de toda la economía. Las empresas concentradas registraron que el nivel de la demanda, sostenido con esos ingresos mejorados, se había elevado a pesar de los sucesivos aumentos de precios; en consecuencia acentuaron esos ajustes. Una economía ampliada, de complejidad creciente, le quedó muy grande a una política de administración de precios sustentada en precarias vigilancias y acuerdos espasmódicos con agentes formadores de mercados.
El otorgamiento de subsidios a empresas de servicios básicos es un instrumento imprescindible para la fijación de tarifas que reconozcan su condición de derecho social y las desprendan del carácter mercantil, pero el retiro de la lógica de mercado demanda la implementación de otros modos de garantizar la calidad y la corrección de la prestación. Los costos que no se pagan en la construcción de una burocracia eficiente están condenados a substituirse por otros que se erogarán para beneficio de los empresarios dueños de las empresas subsidiadas. Además, las firmas estatizadas requieren de reconversiones hacia nuevos diseños que garanticen una mejor atención de las necesidades ciudadanas.
La organización de una estrategia permanente de tipo de cambio múltiple, objetivo clave del régimen de retenciones, requiere de una estructura estatal que intervenga en su formulación, así como en las tareas de comunicación y construcción de hegemonía indispensable para esa política de Estado, por estar ésta implicada en un proyecto redistributivo que sería imposible sin afectar los más poderosos intereses.
Un tiempo antes de las elecciones, la corriente de opinión que favorecía un modelo centrado en las exportaciones y mano de obra intensiva y barata, desencadenó sus presiones prodevaluatorias para restaurar y eternizar niveles de salarios bajísimos en dólares, apuntando a promover una rearticulación de la economía nacional en la globalización. Ese modelo está basado en un patrón de acumulación definido en el proteccionismo industrial, los bajos sueldos y la recomposición de la relación externa subordinada a los centros del poder mundial. Esta propuesta desertaba del campo aliado al gobierno, e inauguraba un vértice de críticas a éste, agrupando a los intereses de conglomerados industriales productores de commodities.
Mientras tanto, la mesa de enlace blandía la receta restauradora más descarnada, reclamando la eliminación de las retenciones, el abandono de la intervención estatal en la economía y la desregulación de los procesos de comercialización. Exponente del proyecto sojero, de especialización exclusiva en producciones agrarias y agroindustriales, esta receta supone un enorme costo ambiental, destruye el suelo y pone en peligro nuestra soberanía alimentaria y la vida del pueblo, además de apuntar a un diseño de país situado en las antípodas del que, con sus contradicciones y evidentes zonas oscuras, fomenta la acción del gobierno nacional. De atenderse la pretensión de que la asignación de recursos económicos responda a las señales de precios del mercado internacional, se claudicaría hacia una nueva reedición de la estructura productiva subdesarrollada, subordinada y dependiente, provocando el incremento del desempleo y una repetida postergación de las vocaciones de autonomía.
El desencadenamiento de la crisis mundial mostró las virtudes de una política económica afincada en un patrón de acumulación con mayor autonomía: Argentina sufrió menos el impacto que la mayoría de los países de desarrollo similar. Pero aun así, la globalización financiera tiene un grado de profundidad tal que resulta imposible la evitación de todo impacto. El perfil de exportaciones del país, dominado por los commodities agropecuarios –que paradójicamente, como se señaló, ponen en juego el futuro- favoreció notablemente el sostenimiento de un balance comercial positivo, debido a que en el comercio internacional de los mismos predominaron las tendencias estructurales determinadas por el crecimiento asiático. Pero, a pesar de este conjunto favorable de condiciones en la economía nacional, ésta flaqueó por la insuficiencia de profundidad en algunos perfiles de política que el gobierno adoptó correctamente, mas con tono tibio: las regulaciones de los flujos de capital evitaron corridas como las que acontecieron en otros países de la región, pero no impidieron una corriente constante de egresos de divisas que, con el tiempo, acumuló un monto sustantivo. Esta sustracción de recursos resultó en demérito del crecimiento de la producción y la mejora de las condiciones sociales. Los encajes y la adopción de determinadas restricciones en el mercado de valores se quedaron cortos; hubiera sido y es necesaria una energía más radical en institucionalizar y profundizar las restricciones a los movimientos de capital de corto plazo. La actual reversión de salidas por entradas no debe ser asumida con discursos y actitudes apologéticas, pues justamente la volatilidad es la característica intrínseca de esos fondos especulativos.
La crisis puso en cuestión el modo de valorización financiera del capital en el centro del sistema. Así, se recrearon consensos respecto de la intervención estatal en la actividad económica. La reivindicación de ésta por parte de Argentina y otros países latinoamericanos dejó de ser un hecho anómalo. Pero lejos estuvieron los países centrales de retomar políticas de intervención estatal que significaran una ruptura con el predominio de la lógica de regulación financiera: los estados centraron su intervención en el salvataje de bancos y en el refuerzo de normas con el objetivo de emparchar el patrón de acumulación vigente, que no están dispuestos a cambiar ni reformar. La dinámica de la globalización financiera requiere del modo actual de funcionamiento y no admite mutaciones. Hoy el continuismo neoliberal se ilusiona con una mejoría que mantiene todas las condiciones que provocarán una crisis más grave en pocos años, la prueba es que ya se verifican la continuidad y profundización de apalancamientos aventureros, mientras los pueblos viven las consecuencias de resquebrajamientos productivos, recesiones, más desempleo y desgarramientos sociales. Las sucesivas reuniones del G20 produjeron documentos que traducen la hegemonía del continuismo de las políticas de liberalización –incluyendo la reinstalación del FMI en el lugar de institución clave de las finanzas internacionales-, no manifiestan vocación para poner límite al flujo libre de los movimientos de capitales ni para restringir las innovaciones financieras propias de la acumulación especulativa del capital financiero, fenómenos que traen agudas consecuencias de desfinanciamiento del desarrollo y de agravamiento y frecuencia de las crisis. Los costos de estos colapsos son una y otra vez trasladados por el centro del sistema hacia la periferia, con el objeto de descargar sus efectos sobre las espaldas de los países más débiles y las franjas más pobres de la Humanidad. No obstante, el funcionamiento del G20 ha significado un avance respecto de su predecesor G7; el traslado de cuestiones cruciales a un ámbito en el que participan algunos países del Sur amplía el espacio de debate. Así, Argentina y los BRICS han introducido discusiones sobre cuestiones sustanciales como la reversión de presiones favorables a la flexibilización laboral. La puja, producto de esas nuevas incorporaciones, se sitúa en la tensión entre una mayor disputa y la legitimación de los poderosos. Sin embargo, está pendiente lo principal: la restitución a las Naciones Unidas del rol de ámbito de cooperación del conjunto de la comunidad internacional, y en consecuencia, su fortalecimiento como organización natural para abordar la discusión y resolución de los temas de la economía global. Ha sido una contribución a la democratización del poder a nivel mundial el fortalecimiento en América Latina del MERCOSUR, y la creación de nuevas instancias legítimas de institucionalidad política, económica y financiera, como UNASUR y el Banco del Sur. En la misma dirección aportarán los intercambios en monedas locales, la construcción futura de un Fondo Regional de Reservas, el avance hacia una moneda única latinoamericana. Precisamente es el regionalismo el espacio desde donde reconstruir unas Naciones Unidas democratizadas, ya que el control de los países del Norte sobre esa institución la llevó a la parálisis, a la degradación y a su instrumentación para operaciones funcionales a los poderes imperiales.
Cuando las miradas y lecturas de la situación del capitalismo mundial debieran fortalecer y alimentar los proyectos de autonomía y de desconexión relativa respecto a la internacionalización financiera, la AEA –nucleamiento que agrupa al empresariado más poderoso y concentrado del país- y la mesa de enlace –expresión de los propietarios rurales perceptores de rentas extraordinarias- confluyen en la difusión y reclamo de un programa completo centrado en concepciones “libremercadistas”, a las que se ha sumado la dirección de la UIA, a la vez que pronuncian y estimulan políticas de “disciplinamiento” social y penalización y represión de la protesta. Un trípode, sustentado en la rearticulación con el FMI y la “comunidad” financiera internacional, la reducción y eliminación de retenciones y la desintervención estatal de la economía es el asiento de un programa de la restauración. Sucede que la concentración de la producción no ha cejado en ningún momento y por eso resulta urgente la implementación de políticas desconcentradoras, desmonopolizadoras y redistributivas. El crecimiento del PBI por sí mismo no allega equidad, las mejoras salariales a veces van por detrás del aumento de la productividad del trabajo – como ocurrió en el último cuarto de siglo pasado en el que se produjo una reducción drástica de la participación de los trabajadores en el ingreso-. Una auténtica redistribución se sustenta en tres pilares: el aumento del empleo, el alza de los salarios que supere la mejora de la productividad y las políticas fiscales progresivas. Cuando se discute la distribución en una economía concentrada como la Argentina, los grandes beneficiarios de las lógicas de la desigualdad reaccionan, a veces ferozmente. Así ocurrió con la Ley de servicios audiovisuales, de trámite democrático y participativo y objetivos desoligopolizadores y estimuladores de la gestión social de proyectos, atacada por los grandes dueños de empresas de comunicación y los exponentes de la derecha. Igual actitud han tenido frente a la también desmonopolizadora medida en relación a la televisación del fútbol. Estos procesos reconocen derechos que habían sido reducidos a mercancías por el neoliberalismo: el derecho a la información y el derecho a la recreación de los sectores populares.
La redistribución de la riqueza es un acto de justicia social y nunca una dádiva. Pues resulta necesario comprender que la actividad que genera esa riqueza es el trabajo y el sujeto central de éste, los trabajadores. Estos constituyen el agente principal de un Proyecto Nacional, y es imprescindible sustituir equivocadas ideas que depositan ese rol más dinámico en el empresariado. En la coalición de fuerzas para llevarlo a cabo tienen un papel conjunto los trabajadores formales e informales, los pobres sin trabajo, el empresariado nacional –en el que hay nacientes y potenciales innovadores no concentrados- y todos los sectores populares.
La ausencia de equidad es la esencia de las desgarrantes situaciones seculares de pobreza. Estas requieren de atención urgente y no hay política que abunde o medida que pueda retacearse para resolver la coyuntura. Pero la derecha eclesiástica y laica cabalga sobre la denuncia de la indigencia, para acometer contra un proyecto político que es el único que ha puesto en debate la cuestión estructural de fondo para resolver la pobreza: la redistribución. La esencia del combate contra la pobreza es la justicia y ésta implica, sencillamente, transferir ingresos y riquezas de los más ricos a los más pobres. Entre las soluciones de la justicia y la caridad también está la diferencia que marca dos proyectos de país. La restitución del impuesto a la herencia sería una acción emblemática en este sentido.
Hoy reviven de las cenizas aquéllos que habían enmudecido cuando la hecatombe del 2001, pero a veces las palabras calladas por el fracaso y el derrumbe del neoliberalismo -que inauguró el milenio en Argentina- reaparecen habladas por engañosas voces travestidas, adoradoras de un “republicanismo” fundamentalista vacío de democracia. Las fuerzas sociales y los poderes económicos se reagrupan en dos proyectos alternativos de país: profundización de las transformaciones o retorno neoliberal. Las medias tintas tienen pronóstico de disolución.
El gobierno afrontó la crisis fiel a la sustancia de su gestión alejada de políticas de ajuste. Defensa de los puestos de trabajo, estímulo de la demanda y más rol estatal. Pero las condiciones del presente y el derrotero futuro reclaman mucho más que fidelidad y consecuencia en un rumbo. La continuidad y la defensa de este rumbo exigen más. Una política popular necesita de una buena cuota de organización del espacio social y movilización para la transformación, centrada en una mística, imposible sin una identificación con el proyecto, que debe brotar de la percepción de un compromiso gubernamental de alcanzar sustantivas mejoras. No alcanza con el registro de lo hecho. Se requiere la promesa y el Plan. Falta un Plan como instrumento de un proyecto compartido, brújula de destino y herramienta de trabajo cotidiano. Un Plan como estrategia no mercantil de asignación de los recursos con los que cuenta la economía. En todo caso, los mercados existirán como instrumentos para la eficacia de esa estrategia y no como lógica exclusiva y dominante. Entre la hegemonía del mercado y la centralidad del Plan se debate la opción entre el disciplinamiento financiero y una democracia profunda y participativa.
Hay tareas pendientes, reformas no emprendidas, que resultan claves para la profundizacióndiversificación productiva. Además, la reforma tributaria -ahincada en el crecimiento de la imposición progresiva-, eje para una política redistributiva. Por otra parte, la desconcentración de la economía y la redistribución de la riqueza requieren de nuevas empresas públicas, más regulación y control de las empresas de servicios públicos privatizadas -en particular las que reciben subsidios- y de las que operan en condiciones de cuasi monopolios, así como su estatización cuando resulte estratégico. Se necesitan, asimismo, políticas específicas para el espacio de las Pymes, productoras, muchas veces, de bienes de alto valor agregado, por la importancia que tienen en la creación de empleo, en el crecimiento del PBI, el incremento de exportaciones de bienes diferenciados y la desconcentración económica. También es indispensable el apoyo y financiamiento a otras modalidades de propiedad y gestión social (empresas recuperadas, cooperativas, etc.) y a los pequeños productores campesinos. Para avanzar en esta dirección se necesita de un encuadramiento mucho más estricto de la propiedad empresaria, ubicándola en función de un proyecto de profundización democrática. No hay redistribución del ingreso posible sin la apropiación social de una parte substancialmente mayor de las ganancias y rentas del empresariado de cúpula, y que no parta de un incremento de la imposición a la riqueza. Por eso, no se trata de quitar subsidios al consumo, poniendo en un bolsillo popular lo que se saca del otro, sino que la única vía es aumentar impuestos a los ricos y mejorar su recaudación, formalizar empleo y garantizar cada vez más derechos económicos y sociales. No hay mejora en lo esencial para la ciudadanía sin procesos enérgicos de igualación social y despolarización de la riqueza.
Pero la sola definición de contenidos programáticos destacados no conforma un perfil popular, nacional y democrático. Este se completa en un proyecto y un posicionamiento político. Reclamar lo que falta no puede hacerse sino apoyando la defensa de lo construido. La vocinglería economicista de una suma de medidas radicales que prescinde del apoyo a un gobierno que, aun con zonas oscuras, es consecuente en la disputa con las corporaciones del poder concentrado, no sólo no aporta sino que confunde y desune. No se puede reclamar la necesaria reforma de la explotación y regulación minera e hidrocarburífera sin defender la apropiación pública de la renta agraria extraordinaria, ni reivindicar mejoras de los ingresos reales del pueblo desconociendo el papel redistributivo de las tarifas subsidiadas de los servicios públicos.
Parece aproximarse una hora decisiva para el proyecto. La profundización inevitable para sostenerlo requiere de una prueba de fuerzas. ¿Construirá el poder concentrado la correlación para el proyecto destituyente, en el que hoy aprestan sus programas? ¿O tendremos capacidad para impulsar la continuidad del curso de transformaciones sustantivas? Un llamado en forma de pregunta.
2/11/09
Fuente: Espacio Carta Abierta - Leer aquí
jueves, 13 de enero de 2011
Archivo para armar un stencil y salir a pintar
lunes, 10 de enero de 2011
lunes, 27 de diciembre de 2010
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